ACTIVACIÓN DEL PARA MILITARISMO EN COLOMBIA?

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La seguridad será el eje central del nuevo gobierno colombiano. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que el mismo día de su posesión expedirá un decreto para crear un "Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana", una estrategia que, según ha explicado, pretende enfrentar la extorsión, el homicidio, el hurto y otras formas de criminalidad que afectan a las principales ciudades del país.
Sin embargo, más allá del respaldo político que la iniciativa ha recibido de algunos mandatarios locales y de las críticas formuladas por diversos sectores, la pregunta de fondo es otra: ¿puede un Presidente crear un organismo de esta naturaleza mediante un simple decreto?
La respuesta exige acudir a la Constitución Política de Colombia.
El Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Militares y tiene la responsabilidad de conservar el orden público. La Constitución le permite coordinar las instituciones encargadas de la seguridad, impartir instrucciones a la Fuerza Pública y adoptar medidas administrativas dentro del marco de la ley.
Pero esa facultad tiene límites.
Si el denominado Bloque de Defensa constituye únicamente un mecanismo de coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Fiscalía y las autoridades territoriales, el Gobierno podría encontrar respaldo jurídico dentro de sus competencias administrativas.
La situación cambia radicalmente si el decreto pretende crear una nueva fuerza armada, otorgar funciones de policía judicial a organismos inexistentes o incorporar civiles, reservistas o militares retirados con facultades de control territorial o uso de la fuerza sin autorización expresa del Congreso.
En ese escenario surgirían serios cuestionamientos de constitucionalidad.
La Constitución de 1991 reserva al Estado el monopolio legítimo de las armas y establece claramente quiénes integran la Fuerza Pública. Modificar esa arquitectura institucional mediante un decreto presidencial podría exceder las competencias del Ejecutivo y abrir la puerta a demandas de nulidad y acciones de control constitucional.
Juristas consultados por distintos medios han advertido que el verdadero debate no gira alrededor del nombre del proyecto, sino de su contenido jurídico. Mientras el Gobierno sostiene que busca articular capacidades institucionales para enfrentar la delincuencia, críticos de la iniciativa recuerdan experiencias como las cooperativas Convivir y alertan sobre cualquier fórmula que pueda derivar en estructuras armadas paralelas o ambiguas.
Por ahora, el texto del decreto no ha sido publicado. Tampoco se conocen con precisión la cadena de mando, el presupuesto, la estructura operativa ni los mecanismos de control que regirán la iniciativa.
Precisamente por esa ausencia de información resulta jurídicamente prematuro concluir que la propuesta sea constitucional o inconstitucional.
Lo que sí puede afirmarse es que cualquier medida relacionada con el uso de la fuerza deberá respetar los principios de legalidad, separación de poderes, control judicial, derechos fundamentales y subordinación de la Fuerza Pública al orden constitucional.
En un Estado social de derecho, la lucha contra el crimen no puede desarrollarse al margen de la Constitución. La seguridad constituye una obligación del Estado, pero también lo es garantizar que todas las políticas públicas se ejecuten dentro de los límites que impone la ley.
El verdadero examen comenzará cuando el decreto sea expedido. Será entonces cuando el Consejo de Estado, la Corte Constitucional —en los casos previstos por el ordenamiento jurídico—, la academia y la sociedad colombiana puedan determinar si el nuevo Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana representa una herramienta legítima para combatir el crimen o si, por el contrario, excede las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo.

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